Aunque Chile es reconocido como líder latinoamericano en energías renovables, la expansión de su infraestructura eléctrica genera tensiones con comunidades locales y ecosistemas frágiles. Entre parques eólicos, carreteras energéticas y decisiones centralizadas, crece el debate sobre si el país avanza hacia una verdadera transición socioecológica o solo un cambio de fuente energética.
Chile avanza con paso firme en la transición hacia energías limpias, posicionándose entre los países líderes de la región. Sin embargo, detrás de las cifras y el optimismo institucional, comunidades del centro y sur del país advierten que la ruta verde tiene un costo ambiental y social. Parques eólicos, carreteras eléctricas y proyectos de hidrógeno verde se expanden sobre territorios rurales y ecosistemas frágiles, reabriendo la discusión sobre quién paga realmente el precio del progreso.
Entre los líderes mundiales de la transición energética
Chile figura entre los países más avanzados en materia de energías renovables en América Latina. Solo es superado por Brasil, según el Índice de Transición Energética 2025 del Foro Económico Mundial. A escala global, ocupa el puesto 21, un logro que refleja su apuesta por el desarrollo sostenible y la descarbonización.
El país ha impulsado normativas como la Estrategia Nacional de Hidrógeno Verde y la Ley Marco de Cambio Climático. Ambas buscan sentar las bases para un cambio estructural en la matriz energética.
Sin embargo, tras los avances técnicos y las cifras optimistas, surgen tensiones que revelan un modelo desigual. Las comunidades locales acusan que la expansión de infraestructura eléctrica —como carreteras energéticas y parques eólicos— fragmenta ecosistemas frágiles y afecta su modo de vida. “Chile tiene enormes capacidades solares y eólicas, y el proyecto de transición ha sido exitoso en términos técnicos. Pero aún falta que esta transformación sea también socioecológica”, reflexionó el sociólogo ambiental de la Universidad de Concepción, Jorge Rojas.
El trazado del conflicto energético
Un ejemplo de esto es el proyecto Mataquito. De acuerdo con el Estudio de Impacto Ambiental (EIA), contempla 406,93 kilómetros de extensión y atravesará las regiones del Maule, Ñuble y Biobío. El plan incluye una línea de transmisión eléctrica, cinco subestaciones nuevas y la conexión con otras cinco existentes, además de la apertura de caminos de acceso permanentes.
El proyecto forma parte del Plan de Expansión del Sistema de Transmisión Zonal del Sistema Eléctrico Nacional (SEN), establecido en el Decreto Exento N°418 de 2017 del Ministerio de Energía. Según la Biblioteca del Congreso Nacional (BCN), se trata de una obra de ejecución obligatoria y de alto interés estratégico.
El EIA asegura que el trazado fue definido bajo criterios técnicos y ambientales, priorizando zonas con baja densidad poblacional y evitando la corta de vegetación nativa. Desde la empresa Celeo Redes Chile, titular del proyecto, se argumenta que la obra busca fortalecer la capacidad de transmisión nacional y favorecer la integración de energías renovables.
No obstante, comunidades afectadas han denunciado que el proceso de evaluación ambiental se realizó con baja participación ciudadana, en plena pandemia, y sin información suficiente sobre los impactos.
Comunidades invisibilizadas
En el Biobío, la instalación de nuevas torres de alta tensión ha encendido las alertas de los municipios y organizaciones territoriales.
El alcalde de Hualqui, Ricardo Fuentes, señaló que el trazado fue aprobado “de manera irregular”. Además, las instancias de participación ciudadana se realizaron durante la pandemia, mediante reuniones virtuales a las que muchas personas no pudieron acceder.
“Es fundamental que el proceso vuelva atrás para garantizar que los vecinos más afectados puedan participar”, enfatizó.
Desde Ñuble, el alcalde de Quirihue, Eduardo Redlich, comparte las críticas. Aunque su comuna enfrenta un déficit energético superior al 50%, el edil advierte que “los proyectos avanzan en desmedro de muchos vecinos”.
Por ello, anunció la conformación de una comisión intermunicipal para coordinar acciones con el Maule y el Biobío y presionar al gobierno central.
La concejala ecologista Mayerlin Suárez, integrante de la Coordinadora Protección Manquimávida, agregó que el Parque Nacional Nonguén “se encuentra cada vez más fragmentado” por la expansión de líneas eléctricas a menos de 500 metros de sus límites. “Estamos informando a la comunidad y preparando recursos de protección ante el Tribunal Ambiental”, explicó.
El abogado y doctor en Ciencias Ambientales, Óscar Reicher, explicó desde una perspectiva jurídica que la posibilidad de reclamar frente al proyecto es muy restringida.
“Solo pueden hacerlo quienes realizaron observaciones durante la evaluación ambiental, y solo respecto de los temas que observaron. Hay que recordar que buena parte de esa participación fue en plena pandemia, por lo que se redujo considerablemente la posibilidad de reclamar”.
El experto detalló que los municipios también pueden presentar recursos, aunque bajo condiciones específicas. “Recién en los últimos años nuestros tribunales han reconocido de forma más sistemática la opción de que los municipios reclamen”.
Respecto a la posibilidad de modificar el trazado, Reicher señaló que los tribunales no pueden hacerlo directamente. Comentó que “solo el titular del proyecto tiene esa facultad. En caso de que se acoja un recurso, puede decidir si cambia el trazado o solo corrige los aspectos observados”.
Finalmente, advirtió que las Cortes de Apelaciones suelen ser reacias a revisar de fondo los casos ambientales. Esto limita aún más las vías de apelación.
Un modelo renovable con desequilibrios
Para Yair Cisternas, consultor energético, la expansión del sistema eléctrico chileno responde a una visión estratégica impulsada por el Estado. Se trata de convertir al país en un centro regional de exportación de energías limpias, en especial a través del proyecto SINEA (Sistema de Interconexión Eléctrica Andina).
“Se habla de energías limpias, pero los impactos los absorben las comunidades locales. No hay beneficios proporcionales al daño”, afirmó Cisternas.
Su investigación advierte que esta política ha debilitado el rol de las instituciones ambientales, priorizando objetivos comerciales sobre la protección de ecosistemas. “SINEA consolida una lógica extractiva, trasladando energía desde territorios rurales hacia mercados internacionales”, sostuvo.
Impactos y asimetrías de la integración de energías renovables
Un informe elaborado por el consultor y técnico energético Yair Cisternas ofrece una mirada crítica al modelo energético chileno, señalando que, si bien el país se ha posicionado como líder sudamericano en capacidad solar y eólica, este avance ha estado marcado por un enfoque exportador.
Según el análisis, los megaproyectos energéticos se desarrollan desconectados de las necesidades locales, lo que ha generado asimetrías territoriales y sociales.
El estudio subraya que la legislación nacional considera la generación eléctrica como una actividad libre, sin obligaciones de cobertura local, lo que ha favorecido inversiones centradas en el mercado internacional.
En este contexto, destaca el Convenio Colectivo Nacional para la Industria Electrónica y de Tecnologías Informáticas (SINEA), impulsado por Argentina, que busca interconectar los sistemas eléctricos de varios países andinos.
Esta lógica ha derivado en que comunas rurales enfrenten impactos socioambientales significativos —como la fragmentación de hábitats, la destrucción de caminos o la instalación irregular de infraestructura— sin recibir beneficios energéticos ni compensaciones adecuadas.
Entre los ejemplos mencionados en el documento figura el Parque Eólico Coloane, en Ancud. Su instalación amenaza la biodiversidad y la investigación científica de la zona. El informe advierte sobre el riesgo de alteración del río Huicha, la distorsión de datos climáticos y el daño a especies endémicas.
Asimismo, se cita el caso de un soterrado subterráneo de líneas eléctricas detectado en Cauquenes en 2022, ejecutado sin evaluación ambiental previa. Como medidas de mejora, el informe plantea mayor participación de los municipios en la planificación energética. También, la implementación de compensaciones obligatorias en territorios afectados y una revisión profunda del papel del SINEA en la integración regional.
¿Es posible una transición justa?
El director del Centro EULA-Chile, Ricardo Barra, planteó que el país sí puede compatibilizar crecimiento, bienestar humano y armonía ambiental.
“La sostenibilidad duele”, advirtió. “Resolver las tensiones entre desarrollo, demanda energética y protección ambiental no siempre es lo más barato, pero es lo correcto”.
El especialista enfatiza que los ecosistemas valiosos no deben sacrificarse en nombre del progreso. “Nos hemos olvidado de que los bienes comunes benefician a toda la sociedad”.
Para el sociólogo Jorge Rojas, la clave está en repensar la transición energética como un proceso socioecológico. Que no solo cambie la fuente de energía, sino también las relaciones humanas y productivas con la naturaleza.
“Necesitamos una industria verde que sume valor desde la convivencia interespecie. Somos parte de la naturaleza, no sus dueños”, sostuvo.
